Directora social del Patronato SS.CC. y la crisis del Sename: “Necesitamos un pacto social, libre de las pretensiones políticas del momento”

Por Sergio Pérez de Arce ss.cc.

Para hablar de la llamada “crisis del SENAME” y de la situación de los niños en situación de vulnerabilidad en nuestra patria, nos reunimos con Marcela Segovia Embry, directora de la Fundación Patronato de los Sagrados Corazones que, al alero de la Congregación de los Sagrados Corazones, realiza en la región de Valparaíso desde hace décadas una misión en este campo que hoy tanto preocupa a la comunidad nacional.

Con más de 100 años de existencia, y más de 40 sosteniendo hogares de menores, el Patronato SS.CC. atiende hoy a más de 170 niños, niñas y adolescentes, en cinco hogares residenciales, además de dos jardines infantiles. Trabajan en este servicio unas 100 personas, entre educadoras de trato directo, educadoras y asistentes de párvulos y profesionales.

Marcela llegó a la institución a comienzos del 2015, para ser directora del Hogar Santa Teresita de Lisieux. Un año después asumió como directora social. Pero su experiencia en el campo del servicio a los menores es amplia, pues como abogada trabajó en el SENAME desde el 2005 al 2014.

Marcela, ¿cómo expresarías tú lo que hoy se llama “la crisis del SENAME”? ¿Dónde está el problema?

El problema no es “el SENAME”, sino una crisis derivada de la falta de políticas públicas en materia de infancia. Chile ha desarrollado solo políticas parceladas y recién en el 2015 se ha elaborado una política pública para el decenio 2015-2025. Nuestros sujetos de atención no han sido visibilizados por la sociedad y el Estado, y ha estado ausente el enfoque de derechos que debe iluminar estas políticas.

Una de las cosas que ha fallado han sido las políticas de intersectorialidad. En el 2008 se incorporó un articulado en la ley de tribunales de familia (creada el 2004) que establece que, si en una región falta oferta programática para cumplir las medidas de protección que los menores pudieran requerir, el SENAME debe hacerse cargo. Y esto ha dado origen a “la doctrina de la institución total”, es decir, el SENAME debe hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con los niños vulnerados: vulneración de derechos, residencialidad, pero también educación, salud, atención psiquiátrica, etc., y estos son ámbitos que conciernen a otros servicios públicos. Entonces, comenzó a incubarse la crisis del Servicio de Menores y ha fallado la intersectorialidad.

Nuestros niños ya no requieren solo pan, techo, abrigo y cariño. Al estar expuestos a una múltiple vulneración de derechos, necesitan también asistencia médica especializada, modelos educativos flexibles, atención psicosocial, y eso es lo que no está siendo cubierto suficientemente por el Estado.

¿Y qué hay que hacer?

La política pública de infancia 2015-2025 establece un sistema integral de garantías de la niñez. Más que abrir nuevos o más servicios, tienen que aprender a articularse entre ellos. Nuestras instituciones tienen que aprender a relacionarse con acciones de integración social.

Hay algunos proyectos pilotos de práctica de intersectorialidad, pero se necesitan más plazas. En la región hay una sala de atención psiquiátrica infanto-juvenil, en el Hospital del Salvador, que tiene 4 o 5 camas, lo que es a todas luces insuficiente.

En materia educativa nuestro sistema es muy rígido y no incorpora la perspectiva de la inclusión social que supone la inserción de un niño de nuestros hogares. Para nosotros ir al colegio es mucho más que sacar cuarto medio, es insertarse y aprender a vivir en comunidad. La educación no ha trabajado cómo son nuestros niños, qué tipo de herramientas necesitan.

Entonces, cada actor, cada servicio público, debe hacerse cargo de su responsabilidad y generarse vínculos de coordinación entre ellos.

Si hay una política en desarrollo, al menos diseñada, ¿Qué falta entonces para avanzar más? ¿Recursos? ¿Voluntad?

Un poco de todo. Falta conocimiento, compromiso, falta madurez para enfrentar el tema. Desde la primera comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el 2014 (Sename I) ha habido bastante sensacionalismo, pero poco de fondo.

Revisando los dos informes de los diputados, el del 2014 y el último de 2017, jamás entrevistaron a organismos colaboradores como nosotros, no hubo un trabajo colaborativo. Hay una desconfianza del privado, está la sospecha de que lucramos con la plata de los niños, desconociéndose que desde la lógica de los derechos humanos la sociedad civil es co-garante de los derechos de los niños, y nosotros somos la sociedad civil, somos parte de la sociedad civil que ejecuta una política pública.

Hay también una falta de coherencia entre el diseño de la política pública y lo que se está ejecutando. Por ejemplo, se resalta la importancia de la inserción familiar, pero todavía hay una lógica asistencialista para asignar los recursos y no se da la suficiente atención especializada para posibilitar esa inserción. Otro ejemplo es que se da importancia a la intersectorialidad, pero en las actuales licitaciones se está pidiendo a los hogares que tengan nutricionistas, médicos… Volvemos a la lógica de la institución total, donde se carga a los hogares con la exigencia de hacerse cargo de todo. Tiene que fortalecerse la intersectorialidad, para que los diversos sectores del sistema público cumplan su función.

¿Qué lugar juega en todo esto la rencilla política, los intereses partidistas?

No es menor, los tiempos de elecciones influyen.

En el gobierno pasado surgió fuertemente la preocupación por los temas de seguridad ciudadana, y las políticas públicas y los recursos fueron a eso. El SENAME empezó a salir en la TV con casos de niños infractores de la ley, niños que entraban y salían de los hogares, el SENAME comenzó a ser utilizado. Era conveniente, entonces, reforzar la seguridad, se destinaron recursos y se sacó la ley de responsabilidad adolescente, que bajó la edad de imputabilidad penal.

Una cosa, entonces, son las buenas intenciones, pero otra cosa es a dónde se destinan los recursos, pues el destino de los recursos refleja la verdadera agenda que se tiene. El valor que tiene la mantención de un niño en un centro privativo de libertad, por ejemplo, es mucho mayor que la mantención de un niño en un hogar de protección directa y, para qué decir, en un hogar de una institución colaboradora. La plata refleja las prioridades.

Hoy estamos nuevamente en tiempo de elecciones. El llamado Informe SENAME II fue una lucha centrada en si se nombraba o no a una ministra, para un problema que tiene décadas.

¿Y quién tiene que tomar el toro por las astas? ¿Qué paso urgente hay que dar?

En temas tan complejos como este, que está tan cruzado de mitos, prejuicios, de ignorancia, tiene que haber un nuevo pacto social, un pacto en materia de infancia vulnerada en que sociedad civil y Estado puedan llegar a ciertos consensos limpios de las pretensiones políticas o ideológicas del momento. Necesitamos un pacto social y que la ciudadanía entre en el problema de verdad.

La ciudadanía tiende a tomar palco en esto y es contradictoria. Se espanta porque un niño sufre vulneración de derechos en un Hogar, pero si ese niño delinque es “semilla de maldad”, hay que aislarlo y ojalá el Estado no gaste plata en él, y es el mismo niño.

Cuando una familia sale en TV porque es negligente con sus niños, la tratamos de lo peor, pero si esa misma mamá cuenta en el noticiario que “le quitaron” a su hijo y lo llevaron a un hogar, la gente se conduele con la mamá y el malo es el hogar o el sistema. Hay un nivel grande de superficialidad para abordar un tema tan importante.

¿Y en qué está el Patronato en este momento, cuáles son sus énfasis?

Estamos viviendo un tiempo bastante particular. No somos SENAME, pero hemos sido golpeados como todos los organismos colaboradores por esta crisis. Esta situación crítica nos ha llevado a plantearnos muchas cosas: ¿estamos por el camino correcto? ¿Tenemos que seguir en lo actual o buscar otras alternativas? En esta situación de naufragio, o nos hundimos con todos o reflotamos y renacemos. Y obviamente hemos apostado por lo segundo.

Desde fines del 2015 comenzamos un proceso de reflexión y diagnóstico bastante autocrítico para determinar cuál va a ser nuestra apuesta, el sueño que queremos construir. Estamos redefiniendo nuestro Molokai y nos preguntamos nuevamente: ¿Con quién queremos trabajar? Y nuestra decisión es apostar por los más excluidos. La espiritualidad que nos anima, nuestra alma mater y nuestra historia desde 1905, nos impulsa a seguir trabajando con los más invisibilizados. Dios nos va dando señales super claras de hacia dónde ir, y nuestro Molokai son nuestros niños excluidos y también sus familias. Nuestra misión quiere llegar a estas familias que viven una situación de exclusión social permanente y ayudarles con herramientas para que puedan reunificarse dentro de su realidad y de su historia, sin culpabilidades. Nuestro trabajo apunta a sanar esa brecha en materia de desigualdad social en nuestro sujeto de atención, de manera que los niños no tengan que ser desvinculados de sus padres, ese es nuestro propósito.

Por tanto, junto a los hogares residenciales, ¿hay otros ámbitos y proyectos en los que trabajar?

Exacto. Junto a los cinco proyectos residenciales y los dos proyectos educativos, queremos abrirnos a proyectos de naturaleza ambulatoria, que nos permita abordar de manera más integral esta zona de exclusión que representan nuestras familias.

También queremos avanzar en un proyecto de representación jurídica de nuestros niños, para destacar que los niños son sujetos de derechos y que es importante que sean tomados en cuenta cuando se toman decisiones que les competen.

Queremos también explorar el modelo de familias de acogida, que es una alternativa al modelo residencial que permite minimizar el daño que de suyo produce la internación. La internación no produce un daño porque el hogar sea malo, sino porque el niño vive separado de su entorno vital, aunque sea el lugar más lujoso del mundo y con la gente más buena del mundo.

¿Y cómo andan los recursos? ¿Hay que buscar mucho recurso propio?

En los proyectos residenciales, la subvención del Estado cubre menos del 70% de las necesidades que tenemos, y esto con el actual modelo. Pero vienen proyectos en que el porcentaje que se cubre va a ser todavía menor, porque se empiezan a hacer exigencias de contratar médicos, nutricionistas, kinesiólogo y una mayor dotación de personal de trato directo. Claramente vamos a bajar a un 55% o 60%. Nosotros necesitamos hoy al menos 3 millones mensuales de ingresos propios adicionales a los que ya recibimos, y eso es complejo, porque la gente no quiere aportar recursos. Con la crisis de desconfianza que vivimos, se quiere aportar manos -lo que es loable- pero no dinero, y es un problema porque las personas no siempre tienen la experticia que se requiere. La gente es más reacia a aportar económicamente, porque toda la red de colaboradores del SENAME está cuestionada.

¿Sienten en el Patronato este cuestionamiento y desconfianza?

No directamente nosotros como institución, pero sí en cuanto estamos en este ámbito. Lo conversamos con otros colaboradores: antes, al interior de las familias, éramos “los buenos”, porque trabajábamos en hogares; ahora nos miran de reojo. Tenemos hogares en que hemos tenido a la prensa apostada afuera, esperando captar algún hecho noticioso, o en que hemos tenido a vecinos filmando desde edificios cercanos para ver si pasa algo malo. El nivel de desconfianza es tremendamente doloroso.

Está también la sensación de una judicatura bastante castigadora. Llevamos más de 20 años trabajando con los jueces, nos conocemos, y hay ahora una desconfianza, una mirada que nos hace aparecer como sospechosos de algo malo.

Quienes mejor conocemos la realidad de nuestros niños somos nosotros, les ponemos el hombro a ellos y a sus familias, pero muchos nos meten en un mismo saco de maltratadores, violadores y vulneradores. No quiero invisibilizar los problemas que ha habido, cada niño fallecido o que ha sufrido vulneración de sus derechos es una situación gravísima, pero somos nosotros los que mejor conocemos ese impacto, mejor que nadie sabemos lo que han sufrido nuestros niños. Entonces, que veamos constantemente obstaculizado el trabajo que realizamos en términos de recursos, en términos morales y sociales, es agotador.