La Conferencia Episcopal de Chile exhorta a la sociedad a enfrentar la corrupción con integridad y compromiso por el bien común.
En un momento clave para el país, marcado por la preocupación creciente en torno a los casos de corrupción que afectan tanto a organismos públicos como a figuras privadas, la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) ha emitido una declaración que invita a la reflexión y a la toma de acciones concretas para restaurar la confianza en las instituciones. El comunicado subraya el compromiso de la Iglesia con la promoción de la justicia y el bien común, poniendo énfasis en el impacto que la corrupción tiene sobre los más pobres y vulnerables.
La declaración de la CECH, firmada por su Comité Permanente, destaca la necesidad urgente de adoptar políticas que promuevan la transparencia y la honradez en el ejercicio del servicio público. En su mensaje, la Iglesia señala que la corrupción no solo debilita el sistema democrático, sino que también daña los vínculos de solidaridad entre los ciudadanos, fomentando una atmósfera de desconfianza y relativismo moral.
El comunicado cobra especial relevancia en el contexto de los recientes escándalos que han sacudido al país. La CECH subraya la importancia de que estos actos sean investigados con rigor y que se imparta justicia de manera transparente, preservando siempre el respeto a la dignidad de las personas involucradas.
Asimismo, la Iglesia recalca que el proceso de recuperación de la confianza social debe ser un esfuerzo colectivo. El llamado no solo está dirigido a las autoridades encargadas de juzgar estos actos, sino también a la sociedad en su conjunto, que debe comprometerse con los valores de integridad, responsabilidad y solidaridad. «Todos debemos actuar con firmeza ante estos males», señala el documento, destacando que el fortalecimiento de las instituciones es clave para superar esta crisis.
En su mensaje final, la CECH confía en que, con la ayuda de Dios, Chile podrá seguir avanzando hacia una sociedad más justa y solidaria, donde el bien común y la justicia social prevalezcan sobre cualquier interés personal o abusivo. La Iglesia reafirma su compromiso con los más vulnerables y llama a la ciudadanía a ser agentes activos en la construcción de una nación íntegra y equitativa. / APN
Texto completo:
ANTE EL MAL EXTENDIDO DE LA CORRUPCIÓN
1. Los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos que se vienen conociendo en los últimos años, son motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país. En ellos están involucradas personas de distintos ámbitos, pero resultan especialmente graves cuando se refieren a autoridades públicas y a organismos del Estado, que por su naturaleza están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables. Los pobres son los grandes perjudicados con estas conductas y ello debe ser motivo de una fuerte condena social. Más allá de lo que la justicia decida, estos hechos expresan una crisis ética de proporciones y requieren de una actuación fuerte y decidida por parte de los órganos llamados a juzgar, de los cuales se espera celeridad, objetividad y transparencia; como así mismo, el respeto a la honra de las personas, particularmente al dar a conocer informaciones.
2. Como sociedad debemos ser conscientes que estos procesos de corrupción vulneran muy gravemente la justicia social y son motivo de un aumento cada vez más significativo de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica. Así mismo, destruyen los vínculos de solidaridad entre las personas y fomentan el relativismo moral que hace perder el sentido de comunidad, de pertenencia a una misma sociedad y, al final, da lugar al egoísmo como regla esencial del actuar humano.
3. Es particularmente grave que estos acontecimientos afecten, en muchos casos a los órganos públicos y a sus funcionarios, o a particulares que colaboran en la aplicación de políticas en bien de los más desprotegidos. “Porque la administración pública, a cualquier nivel —nacional, regional, municipal— como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los ciudadanos: El Estado, al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del bien común” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 411). Motivo de especial gravedad es que la corrupción afecte aquel poder del Estado, llamado a dirimir las controversias, como es el caso del ámbito judicial.
4. Los hechos que comentamos afectan indefectiblemente a nuestro sistema democrático, que en vez de verse asegurado por una auténtica imparcialidad para promover a los cargos de conducción del Estado a los mejor preparados, se va transformando en un verdadero sistema de influencias, que compromete su correcto y justo funcionamiento.
5. El sustrato más esencial del proceso que venimos viviendo en este ámbito es de orden moral, es decir de conductas no solo posiblemente delictivas, sino éticamente reprochables, en las que el uso de la autoridad se convierte en abuso de poder y que genera una escalada de realidades que afectan a todos los ciudadanos y van haciendo crecer un estado de crispación social y cansancio, que termina por justificar las propias conductas abusivas e inmorales, no solo de los poderosos, sino de las personas comunes.
6. Todos debemos reaccionar adecuadamente ante estos males, cuyos gérmenes tienden siempre a extenderse. Pero ello es particularmente exigible a los órganos públicos llamados a investigar y sancionar estas conductas, que deben adoptar decisiones drásticas y eficaces, que permitan recuperar la confianza pública perdida. Es necesario adoptar políticas que conduzcan a poner en el centro de nuestros comportamientos la honradez, el respeto a los bienes ajenos, no sólo los materiales necesarios para una vida digna, sino también otros intangibles pero reales, especialmente los espirituales; que necesitamos para el bienestar al que todos tenemos derecho.
7. Pedimos a Dios, Padre de todos, que nos conceda la fortaleza y sabiduría para preservar a nuestro país como un lugar donde no haya espacio para ningún tipo de abusos y en el que los bienes del amor a Dios y al prójimo, regla esencial de nuestro comportamiento, guíen siempre nuestras actuaciones.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
+ René Rebolledo Salinas Arzobispo de La Serena Presidente
+ Ignacio Ducasse Medina Arzobispo de Antofagasta Vicepresidente
+ Juan Ignacio González Errázuriz Obispo de San Bernardo
+ Fernando Chomali Garib Arzobispo de Santiago y
+ Sergio Pérez de Arce Arriagada, ss.cc. Arzobispo de Concepción Secretario General.
